ACCIONES DE LA CCC FRENTE A LA PROPUESTA DEL “REGLAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN YDEMOLICIÓN DE OBRAS”

Desde 2023, el Ministerio de Salud ha manifestado su interés en implementar una nueva normativa para regular los residuos de construcción y demolición. Ante esta iniciativa, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), representando al sector formal, solicitó un espacio para dialogar y analizar la pertinencia y necesidad de esta regulación. Sin embargo, no fue sino hasta julio de 2024 que el borrador de la normativa fue publicado para consulta pública a través del portal SICOPRE.
La CCC ha enviado múltiples escritos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y a la Vicepresidencia de la República, donde ha expresado profundas preocupaciones y comentarios críticos sobre la propuesta. La gestión y disposición final de los residuos no es un asunto que concierne únicamente a un sector, sino que debe formar parte de una política estatal más amplia, orientada hacia la sensibilización y educación de la población, con el objetivo de modificar hábitos y establecer incentivos adecuados, como la revalorización y comercialización de residuos.

Además, la CCC ha destacado que las políticas y normativas deben fomentar el desarrollo económico
dentro de un marco de protección ambiental, bienestar social y competitividad nacional. En este
contexto, la propuesta actual presenta deficiencias al introducir trámites innecesarios, duplicar
funciones y potencialmente restringir actividades críticas para la economía del país. Por ello, se ha
realizado un llamamiento firme a los líderes gubernamentales para que replanteen la propuesta de
manera más coordinada e integrada dentro del Poder Ejecutivo, asegurando que no se impongan
restricciones injustificadas o desproporcionadas que puedan afectar la viabilidad de las actividades
productivas esenciales.
Hasta la fecha, la CCC se encuentra a la espera de una respuesta a las observaciones y comentarios
presentados durante el período de consulta pública, manteniendo su compromiso de trabajar para
garantizar que cualquier nueva regulación beneficie de manera equitativa a todos los sectores
involucrados y contribuya efectivamente a los objetivos de desarrollo sostenible del país.

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